Los proyectos smart city actualmente en marcha no aprovechan el potencial de oportunidades que ofrecen las implementaciones tecnológicas. Es un problema de visión y de objetivos. Visión global de la sostenibilidad y objetivo de desarrollo social en beneficio del ciudadano.

Hoy en día hemos asumido el concepto de smart city como una realidad tecnológica que tarde o temprano formará parte de nuestro contexto urbano inmediato y nos permitirá la interacción con el medio para facilitarnos las tareas cotidianas. Es el mundo hipertecnológico que se nos avecina provocando curiosidad, deseo y una cierta desconfianza a partes iguales.

Como en todo proceso de innovación, nos encontramos en el momento de la prueba de lo tecnológicamente posible. El objetivo es poner a punto las tecnologías, llegar hasta los límites de lo factible, aplicándolo a los escenarios que se vayan encontrando por el camino. La ciudad es el medio más que el fin y el ciudadano un mero expectador sorprendido. 

Los proyectos se ponen en marcha promovidos por intereses contrapuestos en el que el escenario urbano es simplemente el punto de encuentro y no el objetivo principal. Esos intereses los representan, por un lado las grandes empresas de informática y telecomunicaciones asociadas especialmente a las grandes compañías energéticas. Las primeras poseen el conocimiento necesario para la gestión de las redes o lo pueden generar. Las segundas no quieren perder su posición predominante en el mayor negocio del mundo.

Por otro lado las autoridades públicas están más que necesitadas de inversiones y son conscientes del potencial comercial y de imagen que supone una smart city, por lo que ponen gustosas a disposición de los anteriores los espacios urbanos que gestionan. El ciudadano es el gran ausente de este proceso por mucho que unos y otros se empeñen en decir que será el gran beneficiario.

El esperado beneficio ciudadano es la gran coartada de un proceso que puede ser una gran oportunidad de desarrollo social o simplemente el gran negocio del siglo XXI. Se esgrime el crecimiento imparable de las ciudades como argumento para desarrollar cuanto antes sistemas y soluciones de gestión para los megaespacios urbanos del futuro. Se habla entonces de ciudades amigables y sostenibles gracias a los avances tecnológicos como el nuevo paradigma de desarrollo. 

El otro gran argumento es la eficiencia energética y la sostenibilidad ambiental, dos conceptos que suenan especialmente bien a los reponsables políticos, por lo que suponen de ahorro económico y de imagen verde. Las smart cities se presentan así como el instrumento necesario para el desarrollo sostenible del futuro.

Ciudades amigables, desarrollo sostenible, dos buenos motivos para poner en marcha inversiones millonarias en proyectos de todo tipo.

Los resultados obtenidos aunque sea a nivel de proyecto piloto son espectaculares para un observador profano en la materia. Podemos saber, minuto a minuto, el consumo de electricidad, agua, o gas, gracias a los contadores inteligentes. Sabemos en tiempo real las plazas de aparcamiento disponible, o el mejor itinerario para un desplazamiento urbano. Tenemos pantallas por todos lados con informaciones diversas, recibimos en nuestro móvil avisos con los menús de los restaurantes, o información cultural. Ahorramos en alumbrado público y quizá sea posible que las smart grid nos permitan producir nuestra propia energía.

La pregunta es si todo eso, aún siendo importante, no deja de ser una sucesión de gadgets menores en relación a lo que podríamos obtener con el mismo esfuerzo en términos de desarrollo social y en la lucha contra el cambio climático. 

El primer aspecto que se echa de menos es que no se aprovechen las infraestructuras de comunicaciones que se despliegan en cualquier proyecto de redes de sensores para generar espacios abiertos de hiperconectividad al servicio de las empresas y de los ciudadanos. La combinación de la fibra óptica con la tecnología WiFi permitiría la extensión del acceso a internet con anchos de banda de 100 megas y hasta un giga por usuario. Aún más, la tecnolgía WiFi puede hacer de puente entre la fibra y las tecnologías de telefonía móvil 3G y LTE. Compartiendo infraestructuras que son necesarias tanto para las smart cities como para las operadoras de telefonía, se abaratarían los costes en beneficio de los usuarios finales, que, recordemos, son los supuestos objetivos finales de todo esto. Y permitirían el desarrollo de aplicaciones en el campo de sanidad y servicios sociales entre otras, como veremos más adelante.

Son las administraciones públicas las que deben negociar con las empresas promotoras de los proyectos smart city las condiciones para que haya una máxima reversión de beneficios directos a los ciudadanos. Y uno de los caminos es el de las infraestructuras compartidas y las redes abiertas.

Hay varias razones para que hasta el momento no se haya emprendido ese camino. Por un lado no parece que muchos responsables políticos conozcan las potencialidades de las smart city, bastándoles con lo que les ofrecen las empresas promotoras, que ya es mucho más de lo que nunca habrían imaginado. Obviamente no son los políticos los que tienen obligación de saber de cuestiones técnicas, sino sus asesores. La realidad es que, excepto quizá en las grandes ciudades, los técnicos municipales suelen tener una formación mucho más urbanística y arquitectónica que en telecomunicaciones, sensores y demás. El asesoramiento viene, pues, de las propias empresas que promueven los proyectos.

Por otro lado la cultura empresarial existente no es colaborativa y la simple idea de compartir una infraestructura de comunicaciones con otras empresas o con un ayuntamiento les causa urticaria. La razón que se esgrime normalmente es el difícil manejo del tráfico de la información y la gestión de los datos, y la necesidad de garantizar la privacidad de los mismos. Sin embargo, cualquier sistema homologado de encriptación, y no digamos los protocolos de IBM o Cisco -por ejemplo-, serían herramientas suficientes para garantizar un uso compartido sin problemas, del mismo modo que existen en la actualidad procedimientos probados para garantizar el tráfico de los datos por las redes sin pérdidas de información. Ahí tenemos el funcionamiento de internet para demostrarlo.

Del lado empresarial se huye de las redes abiertas basadas en estándares de comunicaciones tipo WiFi, que permiten la conexión automática de dispositivos a cualquier red existente. El prototipo de fidelización del cliente pasa por tenerlo atado y bien atado y las empresas tienen miedo de que soluciones abiertas no les garanticen que el cliente les llame para sucesivas ampliaciones. Desconfiando de la fidelización por la calidad del servicio prefieren asegurar que les llamen por tener la llave de una instalación cerrada. Aún no se ha descubierto que desde el punto de vista comercial es más beneficiosa la libertad del cliente que su esclavización.

Seguramente se entiende mejor con un ejemplo. Actualmente existen muchas soluciones para le gestión telemática de las redes de agua que las empresas ofrecen a los ayuntamientos. Todas ellas necesitan repetidores que concentren los datos de un grupo reducido de contadores de agua. Los repetidores forman una red de ámbito municipal que muy bien podría ser abierta, con WiFi, que además de la gestión del agua permitiera una conectividad municipal que a los ayuntamientos les sería muy útil. Pues bien, en la reciente feria SMAGUA celebrada en Zaragoza con más de mil expositores del sector no había ni una sola solución de ese tipo. Y lo mismo podemos decir de las smart grid, de las soluciones para la gestión de las plazas de aparcamiento o de las redes de sensores ambientales.

Desde de mi punto de vista no se está siendo eficiente en el aprovechamiento de las oportunidades que ofrecen las implementaciones tecnológicas. Es un problema de visión y de objetivos. Visión global de la sostenibilidad y objetivo de desarrollo social en beneficio del ciudadano.

Una visión global de la sostenibilidad: sostenibilidad económica, ambiental y social

Sostenibilidad es la palabra mágica. Y es bueno que sea sí, porque nos permite profundizar todos sus aspectos y cada uno de ellos desde una perspectiva de conjunto. Es bueno que las administraciones públicas apuesten por la eficiencia energética en nombre de la sostenibilidad porque es el mismo argumento por el que podremos exigirles que faciliten el autoconsumo y la producción de energías renovables. Es bueno que se hable de sostenibilidad económica porque es el argumento para un uso compartido y abierto de las infraestructuras de telecomunicaciones. En último término la sostenibilidad en su sentido más amplio es el argumento para que las smart cities aseguren el desarrollo social de las ciudades del futuro.

Una visión global de la sostenibilidad supone planificar las smart cities de forma que cada actuación sectorial (energía, agua, movilidad, etc.) sea una pieza de un conjunto que comprende los aspectos económicos, ambientales y sociales. Estos tres aspectos son interdependientes y no podemos decir que una actuación es económicamente sostenible sin tener en cuenta los costes y repercusiones ambientales y sociales y viceversa. No hay actuaciones parcialmente sostenibles. O son sostenibles o no lo son.

Habría mucho que hablar de la sostenibilidad económica de muchos proyectos que se ponen en marcha a base de financiación pública. Aceptando que la financiación o subvención con fondos públicos es una buena manera de promover iniciativas innovadoras, no se puede dejar de lado que uno de los objetivos de la financiación pública sea precisamente garantizar la sostenibilidad económica de las actuaciones que en el futuro repliquen lo que ahora son proyectos piloto. Un riesgo importante para la viabilidad y sostenibilidad futura de las smart city es la monopolización que están haciendo de ellas las grandes compañías promotoras. Sería necesario apostar por la generación de un modelo de negocio abierto a múltiples actores que asegurara la libre competencia y los beneficios que se derivan de ella, especialmente el ajuste de costes y precios en sucesivas actuaciones.

Del mismo modo habría que arbitrar la manera por la que el know how que adquieren las empresas revirtiera en beneficio ciudadano. No tendría sentido que financiáramos su aprendizaje en un proyecto piloto y cuando ya hubieran puesto a punto las soluciones no tuviéramos una participación en los beneficios de su comercialización en nuevos escenarios. Poner al alcance de pequeñas y medianas empresas el know how adquirido gracias a la financiación pública sería una forma óptima de retorno social de la inversión. Compartir el conocimiento, además de ser una manera de dar sostenibilidad social a los proyectos, es uno de los mejores caminos para el modelo de negocio abierto que reclamaba más arriba. En definitiva, compartir el conocimiento redundaría en la sostenibilidad económica.

Una reflexión semejante habría que hacer respecto a la sostenibilidad ambiental. La eficiencia energética no es el no va más de la sostenibilidad sino una condición sine qua non. Eficiencia en el uso de la energía es un requisito de sostenibilidad ambiental y económica, pero el verdadero problema es la sostenibilidad de la producción. Vender la imagen verde de unas smart grid alimentadas de energía procedente de fuentes no renovables es una contradicción. Aplicar un criterio global de sostenibilidad a los proyectos smart grid supondría que el objetivo fuera crear las condiciones para la autoproducción y autoconsumo de energías renovables, haciendo de ello una oportunidad económica para pequeñas y medianas empresas del sector y una oportunidad para avanzar en la soberanía energética ciudadana y por lo tanto nacional. En definitiva sostenibilidad económica y social además de ambiental.

Poco a poco vamos avanzando en una visión integral, pero aún queda mucho camino por hacer, especialmente en la incorporación de los aspectos sociales de la sostenibilidad, es decir, todos aquellos relativos al mantenimiento y el desarrollo del modelo social al que aspira el hombre de hoy. Modelo de relaciones y servicios especialmente en las áreas de educación, sanidad y servicios sociales. Modelo de relaciones 2.0 en las que el ciudadano es protagonista activo y no mero espectador.

Este es precisamente una de las claves de la cuestión. Se nos dice lo que podremos hacer, se nos enseña lo que han preparado para nosotros como si de una página web estática se tratara en la que a lo sumo podemos cambiar de pestaña para recibir una información diferente. Lejos de emular la capacidad de interacción creativa que proporcionan las redes sociales actuales, en las que puedes organizar los servicios, tus círculos de amistad y escoger aquí o allá lo que colgarás en tu sitio personal, las smart cities se presentan como entornos virtuales cerrados a una participación creativa del ciudadano que no deja de ser un mero receptor de información, no un creador de ella. Si las redes de comunicaciones permitieran que los ciudadanos o las pequeñas empresas las utilizaran para aplicaciones personales se abriría una auténtica ventana a un desarrollo social dinámico, como ha ocurrido con internet.

La base de la sostenibilidad social de un proyecto es que lo social sea el centro, y por lo tanto, el ciudadano que es el agente de lo social. Una red WiFi abierta, (y en menor medida, por ser una tecnología aún poco conocida, una red ZigBee) permitiría que los ciudadanos tomáramos el protagonismo en la medición de parámetros de contaminación ambiental, acústica o luminosa por ejemplo. Bastaría con colocar un sensor en nuestro balcón que se pudiera conectar a la red WiFi abierta. Alguien habría que generara la aplicación necesaria para recoger todos los datos en un mapa on line. De hecho ya existen aplicaciones así, como Pachube, aplicación "open data" que permite el uso y creación de aplicaciones para colgar en internet la información generada por uno mismo.

Del mismo modo la creación de recintos personalizados de movilidad tutelada para enfermos de Alzheimer, o personas mayores con grados incipientes de movilidad dependiente, sería posible utilizando los contadores inalámbricos de agua o los módulos de comunicaciones de las farolas de alumbrado inteligente como balizas delimitadoras de una área urbana determinada. Un dispositivo compatible en el bolsillo del usuario le ayudaría a orientarse y generaría alertas y alarmas que correrían por la red abierta. Por el mismo procedimiento se podrían balizar itinerarios para invidentes. Igualmente la extensión de los servicios de teleasistencia al exterior del domicilio, o los kits de sensórica de emergencia doméstica -gas, humo, inundación- para mayores que viven solos. Algunas de estas aplicaciones existen como soluciones basadas en redes de telefonía móvil, y por lo tanto con costes de explotación que limitan su uso generalizado y que en cualquier caso śolo pueden desarrollar las operadoras de telefonía. Las redes abiertas son el cauce para el desarrollo de modelos de uso innovadores del espacio urbano y para la creatividad de los emprendedores.

Se puede objetar que muchas de esas propuestas y otras más se podrán hacer a través de los smartphone utilizando su conexión a internet. Sin embargo las redes abiertas permiten una independencia de las operadoras de telefonía móvil que muchos desean. Pueden coexistir ambos sistemas como coexiste el software libre con las soluciones propietarias. La pluralidad es riqueza. Por otro lado no está claro que las operadoras puedan asumir incrementos de tráfico tan enormes como se avecina y por ello se ensayan las soluciones integradoras de WiFi con LTE. Pero es que además el espacio urbano del futuro dispondrá de redes de fibra óptica que pueden garantizar anchos de banda suficientes para las conexiones WiFi abiertas. De hecho existen miles de kilómetros de fibra óptica pública y privada infrautilizados o simplemente no utilizadosY no olvidemos que los titulares de muchas de esas infraestructuras son las administraciones públicas, es decir nosotros, los ciudadanos. 

La fibra óptica combinada con las redes WiFi permitirán soluciones de bajo coste en el área de la educación, sanidad y servicios sociales. La teleconsulta médica, la video vigilancia y monitorización domiciliaria de pacientes , o las aulas de apoyo educativo con videoconferencias grupales (webinar) son ya una realidad, cuya dificultad mayor para su uso generalizado son las infraestructuras de comunicaciones.

La optimización de los recursos empleados en las smart city, tanto infraestructuras como conocimiento, promoviendo su uso compartido y abierto son un camino inexplorado pero necesario para una auténtica sostenibilidad que nos lleve al desarrollo social, y no sólo al negocio de unos pocos.

 

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Recojo en este post las aportaciones a la Ponencia del 12 Congreso del Partdo Socalista de Cantabria, realizadas a partir del documento base publicado en la web del PSC-PSOE,un documento público y abierto a aportaciones de militantes y simpatizantes.

Haacia un modelo ambientalmente sostenible

La sostenibilidad ambiental es el mayor reto que afronta la humanidad hoy en día. El cambio climático es una amenaza no sólo a nuestro estilo de vida sino a la vida misma en nuestro planeta. La historia demuestra que las políticas económicas, sociales, sanitarias, educativas son reversibles, mientras que las actuaciones en materia ambiental tienen efectos muchas veces irreversibles. Huyendo de catastrofismos tenemos que ser conscientes de que nos encontramos cercanos a puntos de no retorno ambiental.

Por ello la sostenibilidad ambiental no es una opción sino una prioridad insoslayable que debe marcar todos los ámbitos del proyecto socialista en lo personal y lo colectivo, desarrollando un modelo de vida que satisfaga nuestras necesidades sin condicionar el futuro de nuestros descendientes. Para ello, es necesario el establecimiento de un modelo de desarrollo sostenible que acepte las limitaciones de un mundo finito e incorpore el criterio de equidad en el reparto de los recursos, realizando un aprovechamiento responsable e innovador de los recursos naturales que no implique su consumo insostenible y que posibilite el desarrollo de nuevas formas de producción energética.

La sostenibilidad ambiental es también una oportunidad de desarrollo económico y progreso social, una oportunidad para la innovación y para la creación de empleo en todos los ámbitos de actividad. Por ello los socialistas nos proponemos seguir promoviendo el cambio hacia ese modelo e interiorizar el principio de sostenibilidad de forma transversal en todos los ejes de nuestras políticas, de manera que se convierta en estímulo de un nuevo desarrollo económico que permita mejorar nuestra calidad de vida, luchar contra los efectos del cambio climático, favorecer la conservación de los espacios naturales y promover el desarrollo del medio rural.

Nuestras propuestas se basarán en dar continuidad a las actuaciones iniciadas en Cantabria en las dos anteriores legislaturas potenciando emprendiendo nuevas actuaciones imprescindibles para dar un gran impulso al desarrollo sostenible de nuestra región, en las áreas de:

• Desarrollo de medio rural

• Lucha contra el cambio climático y reducción de gases de efecto invernadero

• Energías renovables, y gestión integral del agua.

• Urbanismo sostenible

• Protección y conservación ambiental

Desarrollo del Medio Rural y del sector pesquero

Para logar este propugnado cambio de paradigma económico, será también fundamental abordar los retos y oportunidades que presenta el medio rural de Cantabria. En este sentido, el principal objetivo de los socialistas deberá ser la revalorización del medio rural, aprovechando la diversidad de sus recursos como un potencial económico, social y medioambiental para el desarrollo sostenible de Cantabria, huyendo de una visión obsoleta y reduccionista que identifica el medio rural exclusivamente con la producción agropecuaria. La implementación de políticas de desarrollo basadas exclusivamente en ese punto de vista lleva inexorablemente a la despoblación rural ya que el sector primario no es en la actualidad motor suficiente de desarrollo.

Por ello, además de las actuaciones encaminadas a mejorar el sector agropecuario es necesario implementar políticas integrales de desarrollo económico basadas en otros recursos ligados al turismo rural, la conservación del medioambiente y las energías renovables. Sin embargo cualquier esfuerzo será infructuoso si no dotamos al medio rural de infraestructuras de transporte y comunicaciones que garanticen la movilidad local y comarcal y el acceso a internet de banda ancha, servicios básicos imprescindibles para garantizar la permanencia de la población, la instalación de nuevos pobladores y el teletrabajo.

La actividad agrícola y ganadera es esencial para el mantenimiento del territorio y del medioambiente del medio rural y para garantizar un medio de vida tradicional en nuestra región. La viabilidad de las explotaciones agropecuarias pasa por los sistemas extensivos de producción, la producción ecológica y la transformación de productos. Sin embargo , la principal dificultad para la evolución de las explotaciones es la falta de formación económica y comercial de sus titulares. Por ello debe ser tarea nuestra, en unión con los sindicatos y organizaciones agrarias, promover la formación del sector, apoyar las iniciativas para su modernización, potenciar el consumo local y fomentar políticas que introduzcan la investigación y la innovación y la producción de calidad diferenciada.

Un importante factor a considerar será la ordenación del sector forestal en Cantabria, que deberá abordar el funcionamiento y la conservación de los ecosistemas y los paisajes ligados a los montes. Para ello, Cantabria deberá desarrollar la puesta en marcha de un nuevo modelo productivo basado en la sostenibilidad, lo que supondrá un cambio en el modelo de gestión de los montes y un claro incentivo para la revalorización del sector forestal, consiguiendo, de esta forma convertir los montes en un yacimiento de empleo sostenible.

Otro reto que debe asumir Cantabria es el de la adaptación de nuestras políticas pesqueras al Marco de la Política Pesquera Común con el objetivo de garantizar el empleo a los pescadores a la vez que se regular el suministro a consumidores e industrias transformadoras, consiguiendo una explotación sostenible de los recursos marinos desde el punto de vista biológico.

La lucha contra el cambio climático

Un aspecto fundamental de este cambio de paradigma será la lucha contra el cambio climático, con todos los factores derivados de la misma. En este sentido, será fundamental el cambio en el modelo energético. Este ha de ser el principal elemento de nuestra política de cambio climático. Queremos que España siga reduciendo las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI), de acuerdo con nuestro compromiso en el ámbito de la UE, y apoyamos plenamente la aplicación de las directivas europeas en el horizonte de 2020, conscientes de que ello contribuye, además, a la consolidación de una economía europea y española más competitiva.

Las medidas de prevención y mitigación serán fundamentales en la lucha frente al cambio climático, cuyos efectos son ya evidentes e irán en aumento, lo que requerirá de un esfuerzo de adaptación en todas las políticas, en particular en la gestión del agua, en la agricultura, en el turismo, en las políticas de la salud y en la gestión del litoral. Trabajaremos para que este enfoque esté presente tanto en el ámbito doméstico como en las actuaciones de cooperación al desarrollo.

Energías renovables y gestión integral del agua

La reforma del modelo energético y la apuesta definitiva por las energías renovables ha de entenderse como imprescindible, no solo como instrumento fundamental en la urgencia de frenar el cambio climático, sino como una oportunidad extraordinaria de empleo en Cantabria. La inversión en las tecnologías renovables es una apuesta de futuro, y desde el Partido Socialista continuaremos

apoyando la modernización y diversificación de nuestras fuentes de energía. Porque las energías renovables ayudan a reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, reducen nuestra dependencia de importaciones del extranjero, generan empleos de calidad y promueven el desarrollo rural.

Será por tanto necesario fomentar la producción propia de energía, centrada en las energías renovables, con una apuesta decidida por la energía eólica terrestre y marina y por la biomasa fruto de una gestión forestal eficiente, de fácil uso en las instalaciones energéticas públicas o privadas.

La puesta por las energías renovables incluye también fomentar el uso de las mismas. La legalización del autoconsumo energético es una gran oportunidad económica y para la eficiencia energética, que puede tener especial repercusión en el medio rural y en el sector industrial, con la conversión de las cubiertas de las naves ganaderas e industriales en superficies solares. Igualmente supondrá el empuje a un sector en el que los principales actores son pequeñas y medianas empresas de instalación y mantenimiento.

La eficiencia en la gestión energética y del agua es una necesidad insoslayable de nuestros municipios y una prioridad en la sostenibilidad ambiental. Los nuevos sistemas de alumbrado y la gestión integral del agua son además una oportunidad para la implementación de sistemas tecnológicos avanzados que pueden proveer de servicios añadidos como redes locales wifi que permitan acceso universal a internet, gratuito y legal. Desde los gobiernos locales o desde la oposición hemos de estar especialmente atentos a una gestión eficiente de estas políticas de ámbito municipal.

Urbanismo Sostenible

El cambio de modelo energético también abre oportunidades para adentrarnos en el urbanismo sostenible, para lo cual se deberá, -además de realizar planificaciones acordes con los criterios de sostenibilidad-, renovar nuestro parque de viviendas, para hacerlo más eficiente desde el punto de vista energético, lo cual puede dinamizar notablemente el sector de la edificación, que debería centrarse en el futuro en la rehabilitación de viviendas individuales y áreas completas de nuestras ciudades, y reducir notablemente la ampliación de la superficie nueva construida.

En este sentido, los socialistas apostamos decididamente por la consolidación, renovación y rehabilitación de los centros históricos, los barrios y núcleos tradicionales, como forma más eficaz y sostenible de dar cumplimiento al mandato derivado de la Constitución de 1978 que reconoce el derecho individual a la vivienda de todos los españoles.

Nuestro principal objetivo es, por tanto, un modelo de urbanismo sostenible que mediante rehabilitaciones ponga en carga la totalidad del patrimonio edificado de nuestras ciudades y pueblos, y que mediante la herramienta que nos proporcionan los PGOUs, aproveche para nuevas construcciones las áreas ya transformadas y los servicios existentes.

Todo ello con la mira puesta en la sustitución del modelo de vivienda especulativo por otro basado en la sostenibilidad y la recualificación urbana. Este cambio, que potenciará la rehabilitación, supondrá la revitalización urbana y mejorará el acceso a la vivienda, requerirá de numerosa mano de obra, al tiempo que posibilitará el mantenimiento de la identidad y paisaje de nuestras ciudades y pueblos.

También es necesario revisar nuestros patrones de movilidad, basados actualmente en un uso intensivo del automóvil privado tanto para los desplazamientos interurbanos de media y larga distancia, como en nuestra movilidad urbana diaria. Hay que seguir apostando por una mayor diversificación de modos de transporte, especialmente en el ámbito de las mercancías, donde nuestra dependencia de la carretera sigue situándonos lejos de las tendencias que se observan en Europa, con la revitalización del ferrocarril y la potenciación del transporte marítimo.

Protección y conservación ambiental

Como factor final a tener en cuenta para la consecución de la sotenibilidad ambiental que propugnamos los socialistas, deberemos desarrollar políticas que no tengan como consecuencia la pérdida de biodiversidad. La biodiversidad terrestre y marina es la principal garantía para la producción de alimentos, para la obtención de nuevos medicamentos y de nuevas formas de energía. En este sentido, se deberá trabajar, no solo para que su importancia sea adecuadamente conocida y valorada por la ciudadanía, sino también para que las políticas de desarrollo consideren la conservación de la biodiversidad como una prioridad de la que obtener ventajas sustanciales.

De esta forma, los socialistas defenderemos la aplicación de fondos europeos, incluidos los correspondientes a la política agrícola común, para la preservación de la biodiversidad en Cantabria, como un elemento crucial para el desarrollo de actividad económica y creación de empleo en el medio rural.

Los socialistas no podemos estar ausentes del activismo ambiental. Es necesario dialogar y colaborar con las organizaciones ecologistas en tareas de concienciación y difusión, con vistas a incorporar en nuestros planteamientos ideológicos y nuestras propuestas políticas un contenido ambiental sólido y riguroso.

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No puedo dejar de traducir parte del discurso de Ban Ki-moon, Secretario General de las Naciones Unidas en la reciente Conferencia de Viena. Desafortunadamente no tenemos una palabra en castellano que pueda traducir plenamente el término inglés “empowering”, pues la adaptación castellana “empoderando” no tiene la misma fuerza. Empower, significa dar poder, capacitar, y en ocasiones como ésta significa mucho más pero no como una concesión o un don que parte de nosotros hacia el otro porque el otro carece de ello. No, se trata también de dejar sitio para que el otro ocupe el lugar que le corresponde, brille su fuerza, su capacidad, su palabra, su conocimiento, su experiencia, su sabiduría. En este doble sentido utilizaré el término “empoderar” a lo largo de la traducción.

 

Vienna, 16 February 2012 - Remarks to Vienna Community " Empowering People in a Changing World"

(…) Los líderes nacionales aquí presentes están trabajando duro para empoderar sus pueblos. Pero, como Secretario General de las Naciones Unidas, estoy trabajando para empoderar a todos los pueblos del mundo. Hay billones de personas desfavorecidas, marginadas, en paro, frustradas, sin esperanza. Empoderar a todas esas personas, particularmente mujeres, niños y jóvenes, es la mayor prioridad y preocupación de las Naciones Unidas.

Es un momento apropiado para discutir este tema. Estamos en un periodo de transición global. Crisis económica en todo el mundo. Cambios en el poder y nuevos polos de crecimiento global. La creciente amenaza del cambio climático. Y, por supuesto, la revolución de la gente-empoderada.

Pensemos en los acontecimientos e imágenes del pasado año. La dramática transformación que hemos observado y de la que hemos sido testigos en el mundo árabe y el norte de Africa. La Plaza Tahir y la lucha por la democracia através del mundo árabe. Occupy Wall Street, los indignados en Puerta del Sol, las protestas en Grecia. ¿Qué tenían en común? Mirad sus rostros entre la multitud. Eran mayoritariamente mujeres y jóvenes.

Mujeres demandando igualdad de oportunidades y participación, participación en la toma de decisiones. Jóvenes preocupados por su futuro, hartos de la corrupción, clamando dignidad y trabajo decente. Su poder y activismo cambió el rumbo de la historia.

Durante estos acontecimientos pedimos a los íderes que escucharan a su pueblo. Escuchar cuidadosamente sus aspiraciones y desafíos. Algunos escucharon y se beneficiaron de ello. Otros no lo hicieron. Todavía vemos esta situación en Siria (…) Vemos que se han cometido, casi con seguridad, crímenes contra la humanidad. No podemos predecir el futuro de Siria, Sin embargo, lo que sí sabemos es que cuanto más tiempo empleemos en debatir más gente morirá. (…) Una vez más urjo a la comunidad internacional a que hable coherentemente y con una sola voz : Que se detenga la violencia, que termine el baño de sangre.

Señoras y señores, aquí tenemos una lección que va más alla del conflicto sirio. Es un conflicto muy grave, pero tenemos que mirar con una perspectiva más amplia. Creo que cada institución y cada líder, en cualquier lugar, debe preguntarse la misma cuestión: ¿Estamos escuchando? ¿Estamos haciendo lo suficiente, estamos haciéndolo suficientemente rápido? 

 Estoy convencido de que debemos actuar ahora. Nos enfrentamos a una oportunidad única en una generación para empoderar a las personas en un mundo cambiante. (…) Es críticamente necesario empoderar a la gente para erradicar la pobreza, sacando a billones de personas de la pobreza, generando empleos decentes, expandiendo la educación y protegiendo nuestro frágil planeta del sobrecalentamiento.

Hoy quiero centrarme en proporcionar a las mujeres y los jóvenes un mayor poder de decisión en su propio destino, en su propia dignidad. (…) Medio humanidad son mujeres y media humanidad son jóvenes menores de 25 años. Una de cada cinco personas tiene entre 15 y 24 años. Cerca del 90% de los jóvenes vive en países en desarrollo, casi un billón en Asia y en África. En lugares como Gaza tres de cada cuatro tiene menos de 25 años. En Irak, un cuarto de la población ha nacido después del comienzo de la guerra en 2003.

(…) Yo no veo a la generación joven más amplia de la historia como una amenaza, sino como una oportunidad. Para aprovecharla debemos encarar una nueva generación de desafíos de empoderamiento.

Empecemos empoderando a las mujeres. En todo el mundo las mujeres educan a sus hijos, se encargan de la salud de sus familias, cada vez más son ellas las emprendedoras. Por donde quiera que voy urjo a los líderes a que pongan más mujeres en genuinos puestos de toma de decisiones. Más mujeres en los Consejos, en los parlamentos, dirigiendo universidades, en los consejos de administración.

Me alegra ver aquí a la Dra Prammer como Presidenta del Consejo Nacional de Austria (Cámara Baja del Parlamento austríaco) No hay más de un 15 – 25 % de mujeres que sean portavoces, líderes, embajadoras ante las NU, Presidentas de Estado o Jefas de Gobierno, ministras de Asuntos Exteriores. Hay nueve países en el mundo que no tienen ni una mujer en la asamblea nacional. Estoy cuestionando a los líderes de esos nueve países y creo que alguno de ellos están tomando medidas como sistemas de cuotas o medidas especiales.

Estamnos haciendo progresos. (…) Hay mujeres ministras y embajadoras, y eso es importante. Pero queremos mujeres que representen realmente la voz del pueblo, que sean elegidas por el pueblo. Cunatas más mujeres tengamos en las asambleas nacionales, cuantas más mujeres tengamos en puestos de decisión, mejor. (…) No debemos perder la oportunidad de incluir más profundamente los derechos de la mujer en los marcos legales y constitucionales en los países árabes y en otros lugares. 

Estamos poniendo mujeres en el núcleo de nuestros esfuerzos para reforzar la igualdad y el crecimiento al tiempo que protegemos nuestro planeta. Las mujeres tienen la clave del desarrollo sostenible. (…)

Estoy comprometido a hacer mucho más. Me mantendré liderando con el ejemplo en las Naciones Unidas. En mis primeros cinco años como Secretario General he doblado prácticamente el número de mujeres en puestos “senior” de las NU, en rangos de Asistente o Sub-Asistente del Secretario General. Nuestro más alto oficial humanitario, el alto comisionado para los derechos humanos, nuestro más alto oficial para el desarrollo, nuestro jefe de gestión, el más alto doctor y el más alto magistrado, incluso nuestro más alto cargo de seguridad, son todo mujeres. Se puede ver un montón de mujeres en Naciones Unidas. Esto es lo que he cambiado en mis primeros cinco años. Se necesita tener voluntad política. Tenemos el más alto número de mujeres en la historia de Naciones Unidas en todos los niveles, incluso liderando las fuerzas de paz de NU con miles de soldados sobre el terreno. (…)

Tal como hemos hecho con la mujer tenemos que centrarnos en los jóvenes (…) Esto es lo que hago: intento encontrarme con jóvenes por donde quiera que vaya. Estos intercambios son algunos de los más duros, sinceros, animados que tengo. En todo sitios los jóvenes hablan de trabajo. Desean la dignidad que procede de un trabajo decente. Los tiempos difíciles económicos y las medidas de austeridad están haciéndolo más difícil.

(…) La tasa de desempleo juvenil está batiendo récords, llegando a ser el doble, triple, incluso seis veces más alta que la de los adultos. Sin embargo el desempleo es sólo parte de esta historia. Muchos de los que tienen trabajo están atrapados por los bajos salarios y los trabajos sin horizonte. Los jóvenes me dicen también que no sólo se trata de trabajo, sino de la oportunidad de crear empleo. Tenemos que hacer más en el terreno del emprendimiento.

Es el momento de redoblar nuestros esfuerzos. Como saben, el año pasado la población mundial alcanzó los 7 billones. En cinco años seremos 7,5 billones. En la próxima década el mundo necesitará 600 millones de nuevos empleos. Sin medidas urgentes para frenar la creciente ola de desempleo juvenil corremos el riesgo de crear una “generación perdida” de oportunidades perdidas y potencial desperdiciado. Por ello me comprometo a que las Naciones Unidas profundicen en la identificación de las mejores prácticas y ayuden a los países a cumplir con la educación, habilidades, formación y crecimiento generador de empleo juvenil.

(…) Señoras y Señores, empoderamiento económico y empoderamiento político van de la mano. Tecnología, educación y toma de conciencia se están combinando para dar a los jóvenes una voz como nunca antes. Y la están usando. Se están levantando por los derechos y contra la discriminación por género, raza u orientación sexual. Están liderando el camino hacia soluciones sotenibles y desarrollo verde. Están poniendo la desigualdad en la agenda global.

Nuestro trabajo es ayudarles a construir el futuro que desean. Los jóvenes me dicen sobre todo que quieren sentarse en la mesa. Quieren tener una voz real en el diseño de las políticas que darán forma a su futuro. Las prioridades de los jóvenes deben ser tan prominentes en nuestros despachos como lo son en las calles y plazas. Deben estar tan presentes en nuestros espacios de encuentro como lo están en el ciberespacio.

Estoy determinado a llevar las NU más cerca y hacerla más relevante ante la gente joven. Los jóvenes están todavía marginados y desfavorecidos. Por esta razón expandiremos el Programa de Volutariado de UN.

Esto es sólo el principio. Debemos centrarnos especialmente en los desafíos de empoderamiento de mujeres que confluyen con los de los jóvenes, como ocurre en la vida de las mujeres jóvenes. Las mujeres jóvenes son motores potenciales de progreso económico. Son las conductoras de las reformas democráticas. (…) Por todo ello voy a nombrar el primer Consejero Especial de la Juventud de Naciones Unidas.

(…) Reconozcamos que responder a las necesidades y esperanzas de las mujeres y jóvenes del mundo no es un simple acto de solidaridad, es un acto de necesidad. No debemos perder ni un momento. Tenemos que ganar el mundo.

(…) “Aunque incluso las hojas cambien, no quiero echar de menos, dentro o fuera, soñar con la primavera”

Esto es lo que nos empuja. Lo que nos rejuvenece. Pasemos ese sueño a todos los jóvenes y mujeres del mundo. Escuchemos sus voces y actuemos con el espíritu de la primavera. Haremos mucho más que empoderar a gente. Empoderaremos sociedades, y haremos mejor nuestro mundo.

 

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Una visión global y contextualizada del problema energético

El déficit tarifario forma parte de un problema muy complejo, como es el modelo energético en el que nos movemos actualmente. No podemos abstraernos del hecho de que la energía es un bien de primera necesidad de la humanidad desde su inicio. No es un artículo de lujo, sino que está en la base de toda actividad económica y social. La vida humana como la conocemos hoy no existiría si el hombre no hubiera amaestrado el fuego hace miles de años. La energía es por tanto un sector estratégico de cualquier economía. Por ello, las soluciones a los problemas del sector energético no pueden ser sólo una cuestión legal o administrativa que competan exclusivamente al gobierno y las grandes compañías, sino que los ciudadanos tenemos el derecho y el deber de estar informados y participar en la toma de decisiones que afectarán a nuestro futuro como sociedad.

Por ser un sector estratégico, el modelo energético ha de ser conocido y comprendido por todos los actores afectados, y especialmente por sus usuarios, ciudadanos y empresas. La transparencia exige que conozcamos a fondo la situación. En el post anterior intenté una primera aproximación a la punta del iceberg del problema: el déficit tarifario que arrastramos desde 2001 y que a día de hoy está tasado en más de 15.000 millones de euros según los cálculos más conservadores. En este post trataré de encuadrar la situación en conjunto.

En primer lugar conviene conocer todas las ayudas y beneficios colaterales que han conseguido las cinco grandes empresas que monopolizan la producción, distribución y comercialización de la energía y que son los siguientes:

Los Costes de Transición a la Competencia (CTC) son un componente de la tarifa cuyo objetivo era resarcir a las empresas productoras de energía de las posibles pérdidas económicas que pudieran sufrir por la bajada de precios que se produciría al abrirse el mercado a la libre competencia.Se establecieron en un máximo de 8.600 millones de euros que las compañías irían cobrando del recibo de la luz de los usuarios.

Sin embargo, la esperada bajada de precios que justificaba esta compensación económica nunca llegó a producirse, sino todo lo contrario, y nunca se revisó la medida acordada. El resultado de la falta de seguimiento de los CTC fue que en 2006 las compañías eléctricas habían cobrado un 50% más del tope máximo acordado, es decir 12.000 millones de euros, y el gobierno de turno canceló la medida, aunque todavía no se ha procedido a la liquidación final, que como mínimo debe suponer la devolución a los consumidores del plus cobrado.

Sobre estos Costes de Transición a la Competencia habría que decir varias cosas: En primer lugar, los CTC fueron resultado de la presión del lobby energético para conseguir del gobierno una compensación por algo que nunca ocurrió, por lo que su cobro ha sido ilegítimo aunque sea legal.

En segundo lugar, habría que haber arbitrado un mecanismo de seguimiento de la evolución del mercado para aplicar los CTC en cuanto ocurriera la temida bajada de precios por efecto de la competencia -y sólo en ese caso-, y para retirarlos en cuanto hubieran cubierto los efectos de esa bajada, y, en cualquier caso, en cuanto se llegara al tope acordado. Si el gobierno Aznar hubiera cuidado adecuadamente los intereses de los ciudadanos con la simple puesta en marcha de un mecanismo eficaz de control de los CTC, éstos no se habrían pagado nunca, y la subida del petróleo de 2001 -2003 podría haberse transferido directamente al recibo de la luz, y no habría déficit tarifario en la actualidad. No vale lamentarse de lo ocurrido, pero hoy un gobierno en el que están algunos de los actores de aquellos acuerdos, tiene la oportunidad de deshacer el entuerto exigiendo la devolución de los CTC o su cómputo a la hora de liquidar el déficit tarifario.

En tercer lugar, la mala gestión del gobierno no exime a las empresas de su responsabilidad ética. El afán de ganar dinero es el que hizo que las empresas energéticas forzaran el reconocimiento de los CTC, del que se han beneficiado sin razón alguna sin el más mínimo rubor por un importe cercano a los recortes sociales que han tenido que hacer gobiernos posteriores. La responsabilidad de la crisis seguramente no es achacable a la patronal del sector, pero tienen una oportunidad de oro de recuperar un mínimo de dignidad devolviendo el total de los CTC cobrados.

Los windfall benefits o beneficios caídos del cielo

No son una broma o un apelativo cariñoso de andar por casa. Los beneficios caídos del cielo son una realidad económica conocida y estudiada y se refiere a beneficios inesperados producidos en una actividad económica sin que procedan de la actividad propiamente dicha. Veamos en qué consisten y a cuanto ascienden en el caso del sector energético, para lo que tenemos que comprender primero como se fija el precio de la energía, que es una parte, sólo una parte, de la tarifa energética.

Empecemos diciendo que en teoría en España no existe una tarifa eléctrica propiamente dicha desde el año 2009 en que se dio por completada la liberalización del sector, y el precio lo fija el mercado. Sin embargo, con el fin de proteger a los pequeños clientes en un mercado novedoso en el que podían quedar al albur de las comercializadoras y de sus posibles prácticas poco transparentes se creó la Tarifa de Último Recurso (TUR), cuya composición queda fijada por ley mediante publicación semestral en el BOE de la cuantía de sus distintos componentes.

La realidad es que la TUR afecta a 20 millones de consumidores, es decir a la inmensa mayoría de los domicilios particulares y pequeños negocios y comercios, que son los que tienen una potencia contratada inferior a los 10 kW que marca la normativa.

La Tarifa de Último Recurso (TUR) se calcula como suma de tres componentes:

1. Las tarifas de acceso a redes (peajes), que son las mismas que deben aplicar los comercializadores en el mercado libre;

2. El coste de la energía (lo que algunos denominan la parte “liberalizada” de la TUR); y

3. El margen comercial reconocido a los Comercializadores de Último Recurso.

El siguiente gráfico procedente del post “la realidad del mercado eléctrico español. De cómo entender la factura eléctrica” de Ecoimpulso Renovable, resume a la perfección las partidas incluidas en cada tramo componente de la TUR

Como en otras ocasiones en el mercado energético, la cosa parece bastante razonable. Sin embargo, vuelve a tener trampa, no en el enunciado, sino en el mecanismo de fijación del precio que es una combinación de un precio fijado semestralmente que se corrige en el mercado diario y que finalmente se ajusta mediante una serie de coeficientes técnicos.

Diez días antes de cada semestre se realiza la subasta de Compras de Energía para el Suministro de Último Recurso, quedando fijado una especie de precio de referencia semestral, que es corregido día a día en el mercado diario. La Red Eléctrica Española (REE) es la entidad encargada de que “la electricidad generada por las centrales sea exactamente la misma, segundo a segundo, que la que demanden los usuarios” como recogía Clemente Alvarez en su blog de El País:

Para conseguir este equilibrio entre generación y demanda en tiempo real hay que trabajar con mucha antelación. A las 12 de la mañana se recibe del Operador del Mercado Ibérico de Energía (OMEL) el programa con la producción de electricidad de cada hora para el día siguiente (...)Este programa debe ser revisado por REE y en sucesivos pasos se debe ir ajustando a la demanda prevista, con seis mercados intradiarios en los que se va corrigiendo la producción hasta llegar al tiempo real. El mercado funciona como una subasta en la que las compañías generadoras van ofertando su electricidad”

En los seis mercados intradiarios se va cubriendo la demanda existente por el siguiente orden: las primeras en ofertar su energía son las nucleares, ya que al poseer una gran inercia térmica los parones y arranques serían muy costosos. A continuación entran la hidráulica y las energías renovables, (por la normativa legal que promueve su desarrollo). Las tres, nucleares , hidráulicas y renovables se ofrecen en el mercado a precio cero (es el modo de otorgarles prioridad). Si la demanda no se ha cubierto con las tres anteriores se utilizan las energías más caras, las térmicas de gas y carbón. La última en cubrir la demanda marca el precio marginal de la energía de ese mercado concreto, precio al que son retribuidas todas las demás aunque sus costes reales sean mucho menores, generando los beneficios caídos del cielo o windfall benefits.

¿Y quién se beneficia de los windfall benefits? Pues como es lógico sólo se pueden beneficiar de esos beneficios caídos del cielo las comercializadoras de energía que suministran a los clientes de la TUR. Y una vez más aparece la trampa: en su momento las cinco grandes consiguieron ser designadas por Real Decreto como “Comercializadores de Último Recurso”, quedándose en exclusiva con la distribución a los clientes de la TUR y expulsando del pastel a unos 300 pequeños distribuidores existentes. En definitiva, el mercado libre queda para los grandes consumidores, y los demás pertenecen al mercado regulado mediante tarifa en manos de las grandes compañías, que son las únicas que se benefician de lo windfall benefits.

La magnitud de los windfall benefits es enorme, pues viene determinada por la diferencia del precio de coste entre las térmicas de gas o carbón y las nucleares o hidráulicas. Las primeras incluyen en sus costes la amortización y los combustibles, mientras que las hidráulicas y nucleares ya están amortizadas y no tienen coste de combustibles. Según diferentes cálculos, los beneficios así obtenidos en 2010 por las nucleares e hidráulicas superan los 2.600 millones de euros, y en el total del período ascenderían a más de 15.000 millones.

La patronal argumenta que cuando en el mercado intradiario no es necesario acudir a las térmicas de gas o carbón, y se cubre la demanda de energía con las tres energías primeras, - cosa que ya ha ocurrido algunas veces- el precio marginal es 0 euros, lo que obviamente les supone pérdidas en producción, ya que aunque las instalaciones hidroeléctricas y nucleares estén amortizadas y no tengan costes de combustibles, sí tienen costes de explotación, mantenimiento, etc. De nuevo nos encontramos con un argumento de apariencia razonable, que encierra una nueva trampa. Efectivamente en el caso de que el precio marginal sea cero, el productor sale perjudicado, pero el beneficio se lo queda el comercializador, que compra a coste cero y vende a precio de tarifa, ya que las bajadas del precio no se trasladan a los consumidores. ¿Y quién son los Comercializadores de Último Recurso...?

Como en el caso de los CTC, la falta de un mecanismo de seguimiento operativo y ejecutivo hace que los Windfall benefits, no repercutan en los consumidores sino exclusivamente en los cinco grandes aumentado los beneficios del negocio. Y dado que uno de los componentes reconocidos en la composición de la Tarifa de Último Recurso es el margen comercial de los operadores del sector, mediante los winfall benefits el sistema les está garantizando un doble margen comercial, por lo que podriamos decir que estamos en una situación de precio abusivo,que no es en absoluto coyuntural sino estructural del sistema, y cuya cuantía no es menor.

Los beneficios derivados de las subastas semestrales CESUR

Como ya he explicado, diez días antes de cada semestre se realiza la subasta de Compras de Energía para el Suministro de Último Recurso, quedando fijado una especie de precio de referencia semestral, que es corregido día a día en el mercado diario.

Curiosamente este mecanismo también genera distorsiones en el mercado a favor de las grandes compañías. Desde que en 2009 se puso en marcha el precio de futuro fijado de antemano semestralmente ha estado siempre entre un 10 y un 20% por encima del precio de los mercados intradiarios, calculándose que ha aportado un beneficio adicional a la patronal de 1.100 millones de euros en dos años.

Los coeficientes de corrección de la TUR también son fuentes de distorsión del sistema Uno de ellos es el denominado coeficiente de apuntamiento que pretende corregir las variaciones entre el precio semestral de las subastas CESUR y el precio de los mercados intradiarios, en previsión -cómo no- de que los precios intradiarios fueran mayores que los prefijados semestralmente y las comercializadoras tuvieran que comprar la energía a un precio mayor al prefijado. Además del coeficiente de apuntamiento, la tarifa incluye una prima de riesgo, seguro que cubre el hipotético caso de que a pesar de todo las CUR incurran en pérdidas. Nos encontramo0s en una situación en la que además de oligopolio, el Estado garantiza que no haya pérdidas.

A todo lo anterior hay que añadir los coeficientes de estimación de los sobrecostes del sistema, esto es, los servicios técnicos para que el resultado del mercado sea técnicamente viable. Como no podía ser menos los servicios técnicos están controlados por las Eléctricas y son éstas las que fijan su importe y las que los cobran.

Finalmente la TUR incorpora el coeficiente corrector de pérdida de energía en las redes y los pagos por capacidad, que retribuyen la capacidad de las compañías para hacer frente a la demanda energética y la función reguladora de las centrales térmicas que en última instancia son las que garantizan que no sobre ni falte energía mediante su capacidad de generación cuasi instantánea.

Como se puede ver el sistema de fijación de precios de la TUR por un lado beneficia a las productoras, y por otro lado protege de pérdidas a las comercializadoras, que resultan ser las mismas compañías además de incluir coeficientes de corrección hechos a medida de las grandes compañías.

Un indicador del resultado final nos lo da la diferencia entre los márgenes reconocidos por la administración, que ya vimos que formaban parte de la TUR y los beneficios reales de las compañías. Si el sistema estuviera medianamente bien calculado, no debería ser mucha la diferencia entre unos y otros. Pues bien, los datos del primer trimestre de 2011 indican la diferencia entre el coste afrontado por las CUR y el precio reconocido ha sido del orden de 275 millones de euros, de los cuales en torno al 30% se debe a la sobre estimación del precio del pool y el resto a los coeficientes técnicos. El margen trimestral reconocido a las TUR es de unos 75 millones de euros al trimestre que se suma al obtenido por las diferencias de precios anteriormente descritas. Esto es, en el primer trimestre de 2011 el beneficio de las CUR ha sido de unos 350 millones de euros: más de cuatro veces el previsto. Extrapolando los datos obtendríamos un beneficio de 1.100 millones de euros anuales adicionales a los 300 millones de márgenes comerciales establecidos, lo que supondría en el periodo 2009-2011 un total de 3.300 millones

Lo más irritante del caso es que no hay ningún mecanismo previsto para sea el consumidor el que se beneficie de las distorsiones del sistema, con el agravante de que continuamente se le está reclamando un supuesto déficit tarifario.

Hasta ahora sólo hemos hablado de los beneficios que obtienen las grandes compañías derivados directamente de la liberalización del mercado energético vía Costes de Tránsito a la Competencia y a través de las distorsiones del sistema de fijación de la Tarifa de Último Recurso y que en total pueden suponer más de 30.000 millones desde 1997. Aún hay más

Los beneficios colaterales del sistema

A pesar de lo escandaloso de las cifras, la cosa no se detiene ahí, sino que se continua con al menos tres hechos que suponen un valor incalculable: el coste de los derechos de emisión de CO2 de las centrales térmicas que aún formando parte de la tarifa, fueron asumidos por el Estado como compensación por el déficit tarifario por un valor aproximado de 1.000 millones de euros; los beneficios derivados de las renovaciones de las concesiones hidráulicas sin concurso público -que habría supuesto un importantísimo ingreso al Estado- y de la prolongación de la vida de las nucleares sin calcular la repercusión que podría tener en forma de reducción de la tarifa; por último los beneficios derivados de la utilización gratuita o a bajo precio del agua de las hidroeléctricas mientras que en los países de nuestro entorno las hidroeléctricas pagan una tasa que en algunos casos asciende al 20% de los beneficios obtenidos.

Una vez conocido el estado de la cuestión en sus justos téminos podremos abordar las posibles soluciones al déficit tarifario desde una perspectiva de los principios de justicia democrática con los que queremos que se rija nuestra sociedad y que en este caso han brillado por su ausencia. Lo dejo para un post posterior, así como la explicación del papel de la renovables y la moratoria a las primas en este panorama.

Para la elabiración de este post me he documentado entre otros en los siguientes autores y blogs:

http://jumanjisolar.com/

Cemente Alvarez

http://blogs.elpais.com/eco-lab/2010/06/el-precio-de-la-electricidad.html

Jorge Morales de Labra

http://www.fundacionrenovables.org/2011/09/lo-que-no-sabes-de-tu-factura-electrica/

Martín Gallego

http://elpais.com/diario/2009/07/23/opinion/1248300004_850215.html

http://ecoimpulsorenovable.blogspot.com/2012/02/la-realidad-del-mercado-electrico.html

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Estos últimos años la energía eléctrica está siendo noticia casi a diario, y especialmente los últimos meses. La polémica sobre el déficit tarifario, la rentabilidad de las energías renovables, la necesidad de mantener o no las primas a las energías verdes, el precio de la energía, etc., forma parte de los titulares de los periódicos junto con las noticias de los recortes y la crisis económica en general.

Por ser un tema largo, lo dividiré en dos partes. En esta primera parte expondré en qué consiste el déficit tarifario y de dónde proviene, con una primera aproximación al mercado energético y otros conceptos relacionados, esbozando el planteamiento del marco o las claves de solución del problema, que serán objeto de la segunda parte, en la que se explicarán en detalle los conceptos necesarios para comprender y solucionar el problema, conceptos tales como los Costes de Transición a la Competencia, los Windfall Benefits, etc.

En síntesis, la patronal eléctrica se queja del déficit tarifario acumulado y de que el gobierno no les autorice de una vez a cobrárnoslo a los consumidores mediante una subida en el recibo de la luz de alrededor de un 20%. Explican además que éste déficit que alcanza ya los 15.000 millones de euros, sigue creciendo especialmente por las primas a las energías renovables, que incrementan los costes de producción.

A primera vista parece una reclamación justa: si hay un déficit tarifario, habrá que pagarlo.

Sin embargo no es tan sencillo como parece. La primera sorpresa es que a pesar de la cuantía enorme del déficit, las grandes eléctricas no pierden dinero, al contrario, ganan y mucho. Y como no parece lógico que puedan obtener esos beneficios si no cobran lo que cuesta producir la energía, debe haber algo que se nos escapa. Lo que ocurre es que déficit tarifario no quiere decir producción por debajo de coste, sino simplemente que no se está cobrando la tarifa que según los acuerdos gobierno-patronal se debería estar cobrando.

Entonces surgen varias preguntas: Si ya obtienen beneficios millonarios ¿por qué les seguimos debiendo dinero? ¿cómo está hecha la tarifa eléctrica para que tenga un déficit semejante? ¿de dónde sacan los beneficios millonarios a pesar de arrastrar el déficit tarifario?

La tarifa eléctrica

El problema viene de lejos, del momento en que se hace la transición desde el monopolio estatal de la producción energética a la liberalización del mercado energético. Hasta entonces el Estado, a través de diversas empresas grandes y pequeñas, organizaba la producción y distribución de la energía, y fijaba los precios de tarifa. Con la liberalización, había que incluir un nuevo proceso, la comercialización, que permitiera la existencia de empresas que sin necesidad de producir energía, ni transportarla, pudieran actuar en el mercado como simples intermediarios entre el productor y el cliente final. Hubo también que crear un sistema de fijación de precios que fuera compatible con el libre mercado.

Así en 1997 se crea un mercado de compra-venta eléctrico, el Mercado Mayorista (conocido como “pool”) gestionado por una operadora española (OMEL – Operador del Mercado de Electricidad). Al mismo tiempo se fijaron los conceptos que formarían parte de la factura eléctrica del cliente final y los mecanismos para fijar la cuantía de cada concepto. Entre los conceptos que componen la tarifa se incluyen por ejemplo las primas a las renovables, o las subvenciones al carbón nacional además de todas aquellas partidas que tienen que ver con la producción energética.

En principio el sistema no estaba mal diseñado, aunque tenía varios elementos potencialmente distorsionadores -resultado de la presión de las grandes compañías- y que efectivamente ocasionó una situación insostenible como la actual.

El primer indicador de que algo fallaba fue el hecho de que el proceso de liberalización y apertura a la libre competencia, en vez de ampliar el número de operadores, eliminó a todas las empresas pequeñas quedando el mercado en posición de oligopolio en manos de las cinco grandes compañías – E.ON, Endesa, Iberdrola, HC y Gas Natural Fenosa- agrupadas en UNESA (Asociación Española de la Industria Eléctrica) y que controlan todas las fases del proceso producción, distribución y comercialización de las energías denominadas convencionales: nuclear, hidroeléctrica y térmica de carbón o gas. En cuanto al sector de las renovables, las cinco grandes dominan la producción eólica y condicionan la fotovoltaica y térmica solar en la que coexisten con pequeños productores, pero siguen controlando la distribución y comercialización.

El segundo indicador de que algo fallaba en el sistema se produjo en 2001- 2003, cuando el gobierno de Aznar decidió no autorizar la repercusión del espectacular incremento del coste del petróleo directamente en la factura, por razones electorales. La manera en la que se habían establecido el peso de cada uno de los componentes de la tarifa hacía que el incremento del precio del petróleo tuviera una repercusión en la factura inasumible por los clientes finales.

Se decidió entonces reconocer a las compañías ese déficit tarifario, alargando en el tiempo su traspaso a la factura, incluyendo los intereses del aplazamiento. De este modo las compañías se convertían en prestamistas del cliente final con el aval del propio Estado. De alguna manera se esperaba que los costes de producción volvieran a descender con el tiempo y se pudiera ir absorbiendo ese déficit considerado coyuntural mediante pequeños incrementos progresivos de la factura.

Lo que ocurrió a continuación es que, aunque efectivamente los costes de producción de las energías convencionales se redujeron, no ocurrió lo mismo con los demás conceptos que componen la tarifa. La cuantía total de las primas a las energías renovables, por ejemplo, ha desbordado todas las previsiones, entre otras cosas por una mala gestión del Ministerio de Industria en los últimos años.

Las claves de la solución

La cuestión que se plantea ahora es doble. Por un lado liquidar la deuda pendiente, y por otro traspasar a la factura que pagamos los consumidores todos los costes de la producción, transporte y comercialización de la energía, lo que debe suponer un nuevo cálculo de la tarifa eléctrica.

Desde mi punto de vista la primera clave para solucionar el problema existente es contemplarlo en su conjunto y en su contexto histórico. La segunda clave es contemplarlo desde los principios que queremos que rijan nuestra sociedad. En cualquier caso, por la importancia que tiene todo lo relacionado con la energía en el desarrollo del hombre, la solución del problema no puede ser sólo una cuestión estrictamente legal, y, afortunadamente el déficit tarifario es una oportunidad para reflexionar sobre el modelo energético que queremos y buscar una solución acorde a ese modelo

Una visión global y contextualizada históricamente implica analizar la situación de los actores (empresas, administración y usuarios), analizar la función de la actividad (la producción energética) en nuestra sociedad, analizar los datos concretos (evolución del mercado, composición de la tarifa, beneficios obtenidos por las empresas y los usuarios, etc). Una visión desde los principios implica analizar el problema desde el punto de vista de la sostenibilidad (económica, ambiental y social), buscar una solución justa, democrática y solidaria compatible con el modelo económico de mercado en que nos movemos, teniendo en cuenta que el mercado no está por encima de los principios anteriores, y, por lo tanto en caso de conflicto entre mercados y principios deberían primar los principios. Una visión desde los principios supone como decía anteriormente buscar una solución acorde con el modelo energético que queremos.

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La producción de energía es una tarea cotidiana para quienes tenemos la suerte de calentarnos encendiendo la chimenea o echando unos troncos a la estufa y nadie entendería que ambas cosas estuvieran prohibidas, lo mismo que no entra en la imaginación que no estuviera permitido cocinar con leña o utilizar la energía solar térmica para el agua caliente sanitaria. Todos ellos son ejemplos de sistemas de producción de energía ampliamente utilizados. Sin embargo cuando hablamos de energía eléctrica, las cosas cambian: en España no está permitido generar electricidad para autoconsumo excepto en aquellos lugares en los que no llega la red de distribución.

El argumento que se da es que los sobrantes de los picos de producción de las instalaciones de energías renovables -solar fotovoltaica, por ejemplo-, requieren una gestión complicada de los flujos de entrada y salida de energía en la red. Sin embargo hace ya muchos años que los sistemas de generación distribuida funcionan en otros paises, y el desarrollo de la energía eólica, o las experiencias de las smart grids han proporcionado ya sistemas avanzados de gestión de la red que lo hacen perfectamente viable.

La verdad del cuento es que la producción de energía eléctrica está en manos de las grandes compañías, y ellas marcan las reglas.El anuncio de la moratoria en la prima a las energías renovables realizado por el ministro Soria, es un triunfo de las grandes empresas del sector. El objetivo no declarado, o en cualquier caso la consecuencia inmediata, es evitar la entrada de los particulares en el mercado energético, posibilidad que se vislumbraba próxima tras la aprobación del decreto que abría la puerta a la generación distribuida. Los grandes del sector no piensan consentir -mientras puedan- que la iniciativa privada les haga competencia... y el gobierno les hace el juego. El libre mercado sólo se invoca cuando beneficia a los poderosos, no cuando les obliga a competir en condiciones de igualdad con todos.

Democratización energética

La generación distribuida supone que particulares y empresas o incluso ayuntamientos inviertan en pequeñas plantas fotovoltaicas, solares térmicas, minieólicas o minihidráulicas, para el autoconsumo de la energía producida, aportando inversión, generando empleo, colaborando a la soberanía energética de este pais, y empujando la i+d+I en un sector restratégico, siendo todo ello en su conjunto un motor para la economía.

La cuestión es que la moratoria dictada por los intereses de los grandes del sector tiene múltiples efectos perniciosos. En lo económico tiene un efecto negativo incluso desde el discurso del "déficit cero", porque las primas no sólo no generan déficit, sino que lo disminuyen. El saldo entre la riqueza producida por la renovables y el coste de las primas, sigue siendo positivo, y, por lo tanto, las primas no cuestan dinero, ni provocan déficit sino todo lo contrario, mucho más si se le añade el ahorro en importaciones de combustibles fósiles que ha supuesto la generación de energías limpias. Pernicioso es también el efecto para el empleo. Las energías renovables crean empleo, es uno de los sectores de creación neta de empleo, empleo cualificado en sectores innovadores y tecnológicos: 115.000 puestos de trabajo en España en el último año, según algunas estimaciones. 

Sin embargo no es sólo una cuestión estrictamente económica o de empleo, ni tampoco es sólo una cuestión ambiental. Las repercusiones de la democratización energética que supone la generación distribuida, van mucho más allá. Se trata de un modelo de participación social en lo económico y lo ambiental. La inversión en instalaciones de producción de energía para autoconsumo de particulares y empresas es un modelo de colaboración entre el ciudadano y el Estado, en el que ambos se necesitan y ambos se benefician. Los ciudadanos podemos colaborar a la soberanía energética de nuestro pais, al estado le corresponde establecer las reglas del juego, sin perder de vista el objetivo común. Es un caso único de colaboración económica público-privada, en la que el Estado pone el marco normativo adecuado, y el particular aporta la inversión.

La moratoria supone un ataque a la democratización energética, a la participación activa y decisiva de los ciudadanos en el futuro de su pais. Ya no se trata de influir mediante las votaciones a tal o cual partido político. Se trata de manifestar activamente nuestra preferencia por un modelo de producción energética sostenible. Tan activamente que podemos invertir en ello, y no de manera indirecta -al modo que invertimos en educación o sanidad vía impuestos-, sino de manera directa decidiendo instalar unas placas solares en nuestro tejado o un pequeño aerogenerador en el jardín.

El modelo alemán

El empujón que en otros paises ha supuesto la iniciativa privada en la producción energética representa ya el 51% de las energías limpias en el caso de Alemania, en donde "ciudadanos y agricultores están liderando la revolución de las energías renovables en Alemania (...) En 2010 ya eran propietarios del 51% de los más de 50.000 MW instalados en el país germano, lo que representa unos 80 mil millones de euros en inversión privada" según recoge la web de Energías Renovables. Cualquier observador que analice los datos anteriores coincidirá en que los ciudadanos alemanes están activamente comprometidos con un futuro ambiental "limpio" y aportan un considerable ahorro en la factura del petróleo.

Según relata el artículo mencionado, el origen del proceso de producción "ciudadana" de energía en Alemania se produjo por la presión de "unos agricultores bávaros  frustrados ante la intransigencia de su empresa eléctrica a la hora de conectar sus pequeñas plantas hidroeléctricas a la red", dando lugar a la promulgación por Helmut Kohl de la primera ley de primas para energías limpias, conocida "ley sobre la evacuación de electricidad".

Los agricultores, los individuos y los grupos comunitarios podían, por primera vez, emular a sus vecinos daneses mediante la instalación de sus propios aerogeneradores y la venta de la electricidad resultante para generar unos ingresos. Estos "rebeldes" del sector eléctrico o Stromrebellen, como se les conoce en alemán, comenzaron a aparecer en todo el país, incluso en la antigua Alemania del Este.

La ley alemana sirvió de ejemplo a otros paises y Alemania se convirtió en pionera de la democratización de la producción energética y su ejemplo se ha extendido a Canadá y Estados Unidos, y es aspiración de muchos ciudadanos en nuestro pais.

Una movilización necesaria

En un post anterior instaba a nuestros políticos a seguir a Alemania no sólo en sus dictados económicos sino también en su modelo energético. Hoy hago la misma reflexión para todos los ciudadanos, incluido yo mismo: sigamos el modelo participativo alemán, tomemos las riendas, movilicémonos hasta conseguir la democratización energética, rebelémonos al estilo de los "strombrebellen" alemanes.

Para ello es necesario exigir al gobierno la rectificación de su anuncio de moratoria a las primas y la regulación de la generación distribuida que preveía el último decreto del anterior Ministro de Industria.

Las primas, que las pagamos los consumidores, son un factor fundamental y transitorio para incentivar la demanda y que ésta a su vez produzca un abaratamiento de los costes de producción tanto por volumen de producción como por avances en la tecnología que mejoren la eficiencia de los procesos. En el fondo, las primas se pueden considerar como una ayuda a la inversión, aunque técnicamente no lo sean. Una vez instaladas, las energías renovables no tienen coste por consumo de combustibles como las centrales termicas o la cogeneración. Sin embargo la inversión inicial requiere largos plazos de amortización, que quedan acortados e incluso permiten un pequeño beneficio anual al productor gracias a las primas. En el caso del autoconsumo la prima se convierte en una especie de pacto entre el Estado y el productor en el que el mayor beneficiado es el Estado vía ahorro en combustibles fósiles y el conjunto de la sociedad vía conservación del medio ambiente y generación de empleo gracias a la inversión privada de los particulares.

Las primas no suponen una ayuda para el beneficio empresarial del particular, al que le basta con amortizar la inversión. El reducido margen de beneficio por vatio producido -descontada la amortización de la inversión-, unido al pequeño tamaño de las instalaciones de particulares y el largo plazo de amortización no permite obtener una rentabilidad que justifique por si sola la inversión como negocio.

La situación es distinta en el caso de las compañías eléctricas, para las que la prima sí se convierte en una ayuda que revierte en su beneficio empresarial, ya que ellas intervienen en la determinación de los precios de referencia, como explicaré en un próximo post.

No es cuestión de ir contra las compañías eléctricas ni contra nadie. Se trata de influir decisivamente en el modelo energético que queremos en favor de un futuro sostenible.

Con ese mismo objetivo nace la Plataforma para el Impulso de la Generación distribuida y el Autoconsumo Energético formada por un grupo de asociaciones unidas para fomentar la generación distribuida de energía y el autoconsumo eléctrico, agrupando a más de 16.000 empresas que emplean a 150.000 trabajadores aproximadamente y con un volumen de negocio que supera los diez mil millones de euros, según se recoge en el blog de Genera Tu Energía. La plataforma también cuenta con la colaboración de asociaciones como el Centro Nacional de Energías Renovables (CENER), Centro de Investigaciones Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas (CIEMAT), Fundación Energías Renovables (FER), Greenpeace, Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE), OCU, SEO/BirdLife y WWF

 

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La Fundación Tecnología y Territorio cumple dos años de andadura, y la ilusión del equipo va dando sus frutos: hace menos de un un mes anunciábamos la puesta en marcha del primer proyecto de WiFi municipal en Campoo, en al ayuntamiento de Campoo de Suso, como primera pieza del "smart Campoo", Campoo Territorio Inteligente. Hace apenas una semana el alcalde de Campoo de Enmedio nos encargaba una solución de alumbrado municipal compatible con sistemas de alumbrado inteligente. Hoy el ayuntamiento de Reinosa confirma la misma apuesta por un sistema de alumbrado inteligente compatible con otras redes de sensores. En este mes presentaremos un proyecto en esa línea a la convocatoria del Interreg SUDOE. Y más ayuntamientos se van sumando de dentro y de fuera de nuestra región, Laredo, Llanes...

Poco a poco vamos construyendo futuro de la mano de los ayuntamientos de la comarca y con un modelo de trabajo colaborativo con empresas con las que compartimos esta misma sensibilidad Solarcan, Esfera Soluciones, Nuteca, Praxis, Natureback, Solener, Tecdoa... Un esfuerzo compartido. Innovación para el desarrollo.

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Una de las Buenas Prácticas que recoge Eurocities, es la iniciativa de la ciudad polaca de Cracovia, para facilitar el intercambio de viviendas entre ciudadanos que por diversos motivos no pueden mantener su vivienda habitual. 

Reconociendo que hay factores y circunstancias como la jubilación, el desempleo, el incremento de familia o la situación económica que afectan a las necesidades de vivienda de los ciudadanos, la ciudad de Cracovia lanzó en 2009 una iniciativa para facilitar el intercambio de viviendas entre residentes. Por ejemplo, una pareja de ancianos con movilidad reducida, puede intercambiar su amplio apartamento en un tercer piso por uno más pequeño en una planta baja perteneciente a una familia joven con hijos.

El ayuntamiento vela porque todo el procedimiento sea justo y transparente ofreciendo desde un banco de viviendas en disposición de ser intercambiadas, hasta servicios de asesoramiento entre particulares. La iniciativa es perfecta para momentos de crisis de hipotecas como el actual, en el que la dación en pago está en el alero. Esta propuesta permite permutar viviendas a cambio de hacerse cargo de la hipoteca pendiente. Hasta la fecha el programa a ayudado a 42 familias e evitar procedimientos de embargo.

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